Santo Domingo._ El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público consistente en prisión preventiva contra 11 acusados de estafa contra el Estado por la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos.
La decisión fue tomada por el magistrado Vargas debido a la ausencia de la defensa de uno de los imputados, por lo que fijó una nueva fecha para este lunes a las 10 de la mañana.
La instancia depositada fue depositada en este tribunal contra Leoncio Almánzar Objío, exdirector de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y contra Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos.
Igualmente, fue solicitada prisión preventiva contra Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal. “Cada caso es individual, por supuesto, y las acusaciones concretas de cada caso se sustanciarán de manera particular”, expresó.
Mediante un comunicado de prensa, la institución recordó que en el transcurso de la investigación de este hecho de corrupción encontraron pruebas suficientes y con méritos que vinculan a los imputados con la venta ilegal de dichos terrenos.
Indicó que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados, INFEPA, y posteriormente esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC.
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