Santo Domingo._ El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, nombrado para ratificado para continuar con el caso Odebrecht, fijó para el próximo viernes 6 de julio la audiencia preliminar del caso.
La información la ofreció la Procuraduría General de la República en una nota de prensa en la que el procurador General asegura que los siete encartados en el expediente Odebrecht tienen comprometida su responsabilidad penal y que ello lo demuestran las 1,711 pruebas que acompañan el expediente acusatorio presentado en su contra por el Ministerio Público.
La audiencia preliminar se realizará a las 9:00 de la mañana en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
El procurador general expresó que el Ministerio Público destruirá por completo en los tribunales los falsos argumentos presentados a la opinión pública por abogados de algunos de los imputados, resaltando que en el caso de los que ocuparon funciones públicas, los elementos probatorios confirman que recibieron dinero de los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país, incluso, más allá del tiempo en que ocuparon dichas funciones, identificando con nombre y apellido los delatores a seis de los imputados y a un séptimo hasta con cheques de sobornos pagados al imputado, su esposa e hijo.
Reiteró que el Ministerio Público está más firme que nunca en su compromiso de procurar justicia y que no descansará hasta lograr que los siete acusados reciban condenas ejemplares, acordes a los delitos que durante la investigación realizada por espacio de un año, se determinó que cometieron.
Se recuerda que el pasado 7 de junio, el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Los imputados están vinculados a actos relacionados a sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, estableciéndose que dichos imputados no pueden justificar sus respectivos patrimonios con evidencias contundentes e irrefutables de sobornos con cheques, transferencias bancarias, cuentas en el exterior con millones de dólares, falsedad en declaraciones juradas, ocultamiento de inmuebles y cuentas bancarias, entre otras tantas pruebas.
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